¿Son quizá propietarios y arrendadores más peligrosos que los criminales? Lo planteo porque el nuevo decreto ley de Vivienda habilita inspectores ad hoc como agentes de la autoridad, algo que contrasta con la indefensión de quienes afrontan una violencia real y creciente, huérfanos de una protección jurídica equivalente, como vigilantes de metro o trabajadores sociales. Llama la atención que el sistema sea más garantista en el ámbito penal, donde impera la presunción de inocencia, que en el administrativo, y concretamente en vivienda, donde rige la presunción de veracidad aunque las sanciones puedan alcanzar los 900.000 euros.